Ante el interés público
por conocer las denuncias en contra de ex funcionarios públicos de la pasada
administración estatal y que, se han comentado públicamente por distintos
actores políticos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco garantiza
sus acciones con plena observancia al debido proceso y, a la vez, atendiendo su
obligación de transparentar su actuar ante la ciudadanía.
De tal manera, se
informa que se encuentran registradas ante esta institución dos denuncias
diferentes:
La primera de ellas fue
presentada en conjunto por un diputado del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y por quien en ese momento pertenecía a la bancada del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado. En tanto que, la segunda
y más reciente, corresponde a la que fue presentada exclusivamente por
integrantes de la fracción parlamentaria del PRI ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción.
En la primera se señala
por posibles actos de corrupción a quien ocupó el cargo de Secretario de
Planeación y Finanzas, por presuntamente haber emitido falsedad de declaración durante
su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte de la Glosa por el
Sexto Informe de Gobierno.
En esta se denuncian delitos
contra el erario y el servicio público, hechos de corrupción, abuso de
autoridad, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio indebido del servicio
público, ejercicio ilícito de facultades y atribuciones, falsedad de
declaración ante autoridad y/o falsedad de declaración ante autoridad distinta
a la judicial; y los que resulten.
La segunda es una
carpeta de investigación que atiende la Dirección General de Delitos Comunes,
en la que se señala como presuntos responsables al ex Gobernador del Estado, a
quien fuera presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, entre
otros funcionarios de primer nivel de las áreas de Planeación y Finanzas,
Gobierno, Administración, Salud, Educación, Contraloría, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, así como Desarrollo Social.
Las acusaciones son el
uso indebido del servicio público, peculado, así como delitos contra el erario,
quedando como agraviados la sociedad y el patrimonio del Estado.
En ambas denuncias,
corresponde a los fiscales del Ministerio Público encargados desahogar las
diligencias respectivas y recabar los indicios y datos de pruebas que puedan
servir para judicializar la respectiva carpeta de investigación y acreditar en
su oportunidad el delito y el monto de la reparación del daño.
En aras de
transparentar el actuar de esta institución en el combate a la corrupción, la
FGE manifiesta que se actuará bajo el marco legal establecido, reiterando que
no existen compromisos ni intereses de por medio, sino el respeto por el Estado
de Derecho y la correcta procuración de la justicia.